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César Romero
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23 Oct 2020 | 5:04 hActualizado el 23 de Octubre 2020 | 8:45 h
La idea es vacar al presidente Vizcarra, tomar el gobierno con el actual presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, de Acción Popular, para inmediatamente postergar las elecciones hasta abril del 2022 y ampliar la vigencia de la actual representación al Congreso por dos años más. En paralelo, buscarán una nueva composición del Tribunal Constitucional a fin de evitar que se neutralice cualquier medida legislativa y del nuevo Ejecutivo. Además, promoverán la reestructuración del Ministerio Público para poner un nuevo fiscal de la Nación que revise las denuncias a los “luchadores contra la corrupción y la democracia”.
Antauro
El “conspirador” visible es el reo Antauro Humala Tasso, a través de la bancada UPP. segun el INPE, saldría en libertad el 17 de enero del 2022, presumiblemente con beneficios penitenciarios. Esa fecha no le alcanza para ser candidato a la presidencia con alguna oportunidad de triunfo.
Alarcón
Presidente de la Comisión de Fiscalización. Alarcón enfrenta graves denuncias penales de corrupción en su paso por la Contraloría General de la República. Al dejar el Congreso, le esperan pedidos de prisión preventiva, varios juicios y probables condenas de pena de prisión efectiva
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Congreso
El presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular, sueña con ser el jefe del Estado en reemplazo de Vizcarra. Sabe que en las actuales circunstancias él no llegará a ese cargo por los votos.
Podemos Perú
Luna Gálvez Tiene interés en mantener su presencia en el Congreso para neutralizar las investigaciones del equipo especial de fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto tema es la infiltración que Luna Gálvez, a través del detenido Cavassa, habría promovido en el CNM para lograr que la ONPE apruebe la inscripción de Podemos Perú.
El congresista Urresti enfrenta un juicio por el asesinato de un periodista. Ya fue absuelto en un primer proceso, pero una de las mejores formas de asegurar que los jueces no cambien de opinión es seguir en el Congreso. Siempre es más difícil condenar a un político en actividad que a un ciudadano de la calle
Chehade y Frente Amplio
El congresista Omar Chehade de APP, promueve la restauración de la bicameralidad y el senado, para burlar la prohibición legal de no reelección al Congreso. Como presidente de la Comisión de Constitución, Chehade ya tiene fecha para las elecciones, fines del 2022, y que los senadores entren en funciones el 2023 para un periodo de tres años.
El Frente Amplio del padre Marco Arana siente que ha perdido presencia en el país y que unas elecciones en este momento lo exponen a no pasar la valla electoral. Sus analistas consideran que necesitan más tiempo para posicionarse en el sur y centro del país y mantener su presencia en el Congreso por otro periodo.
El Padrino
Al lado de los políticos, hay otros actores. Una presencia que permite explicar que la nueva vacancia presidencial se activa con más moderación, mejor sustento legal y recursos económicos.
El otro tema que falta investigar en el caso Cuellos Blancos del Puerto es el de los abogados litigantes, cuya influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público se mantiene y sustenta en los tres años de nombramientos y ratificaciones del defenestrado CNM.
Las fuentes identifican a un abogado conocido como “El Padrino”, como una pieza clave en la repentina y oportuna decisión de los exejecutivos de Obrainsa e ICCGSA de acogerse a la colaboración eficaz.
Obrainsa e ICCGSA buscaban la colaboración desde el año 2019. El fiscal Germán Juárez ya les había dicho adiós, cuando una mañana se levantaron y recordaron al unísono que también le pagaron sobornos al presidente Vizcarra.
Por lo que ha trascendido, el relato de los cinco colaboradores es idéntico. El entonces gobernador les pidió un pago por una obra pública, a través de un intermediario. El proyecto se concedió y tiempo después, Vizcarra les reclamó en Lima, un faltante.
El dinero se pagó en efectivo, sin testigos y dentro de un sobre manila, de tamaño no definido, pero que difícilmente podría pasar desapercibido.
Los fiscales del caso Lava Jato son ajenos a ese complot, pero a estas alturas sus modos de actuar ya son conocidos. Las fuentes indican que uno de los colaboradores les ha ofrecido hablar de otros casos que les permitiría ser focos de la atención pública por un par de años más y hacer olvidar la falta de acusaciones.
Constructoras
Las constructoras peruanas del “Club de la Construcción” están golpeadas por el caso Lava Jato, pero culpan de su debacle económica al presidente Vizcarra. Este caso se descubrió por la declaración de un colaborador de Odebrecht, en el proceso al exgobernador regional del Cusco Jorge Acurio.
Pero fue en la gestión ministerial de que el Estado empezó a cerrarles las puertas y no les dio ni un solo contrato. Las constructoras han buscado cambiar de nombre, buscar nuevos socios o una venta, pero sin posibilidad de contratar con el Estado nada sirve y su valor se deteriora cada día.
Nadie está dispuesto a invertir o comprar en una empresa que no puede contratar con el principal y más grande cliente del país. Un nuevo gobierno podría cambiar esta relación y salvarlas. A eso apuestan.