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Fue alcaldesa porque se bajaron a Khouri, y Lulú no pudo con su mufa.
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The Economist : ineptitud y malas prácticas de fiscal Pérez contra Keiko Fujimori
- Autor talcual
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Era tan obvio que el fiscal Rojete al servicio del gobierno corrupto de Vizcarrata sólo actúa por ordenes del gobierno para atacar a la oposición política y sacarles de las elecciones mediante lawfare o guerra jurídica
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El que conoce a Khouri sabe lo basura que es como persona, y lo de lulu no pudo aguantar su racismo y desprecio a lo que ella llamaba cholos o serranos junto con Alan.
La política es un partido interesante porque nadie sabe para quien trabaja es todos contra todos y el grupo que entra roba a gusto siempre.
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Sigue con tu amor incondicional a domingo Pérez, tu amor al fiscalucho te tiene cegado como una quinceañera roja, jajajajaj
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Jajaja me acabas de confirmar que no sabes ingles.
Un conero misio como tu no tiene suscripcion a The economist. Alguien te pasó la noticia cortada pq solo con suscripcion se puede leer la nota completa.
Y luego no quieren que me burle de estos fujitapers cerebro de plastico jzjzjzjz
Pd: ya visitaste el tema del terrucaso de fujirata que le vendia armas a las farcs??? Tanto que te botabas de que eras milico en los 90s....milico de juguete seras vendiendole fusiles a los terrucasos colochos de las farcs...
PARA CERRARTE EL HOCICO VENDIDO MERMELERO.
https://primicias.news/the-economist-delata-la-maniobra-sucia-del-fiscal-perez-contra-keiko/
martes, agosto 11, 2020
THE ECONOMIST DELATA LA MANIOBRA SUCIA DEL FISCAL PÉREZ CONTRA KEIKO
editor | agosto 9, 2020
El prestigioso diario británico advierte sobre las artimañas en contra de procesos electorales limpios en Sudamérica y resalto lo que pretende hacer el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.
Al parecer desde el primer mundo aun ven a nuestra región como países subdesarrollados donde no es difícil corromper en base a maniobras un proceso electoral y permitir la perpetuidad del poder de turno o eliminar enemigos políticos.
El diario prestigioso de Londres “the Economist” mediante un artículo “El regreso de las elecciones amañadas en América Latina” mencionó la realidad política de nuestra región y analizo la precariedad del estado de derecho de cada uno de nuestros países vecinos.
Mediante este artículo se menciona que en Venezuela por ejemplo el dictador Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder al haber hecho fraude en los últimos proceso electorales.
De Bolivia y de Ecuador lo mismo pretendieron hacer los antiguos presidente Evo Morales y Rafaél Correa fueron derrocados gracias a un levantamiento popular.
Asimismo el diario mencionó al Perú donde dice que es un país donde un fiscal ha enviado a prisión a la líder de la oposición por 16 meses sin tener acusación.
“José Domingo Pérez, un fiscal peruano, solicitó el mes pasado a un tribunal que prohíba durante dos años y medio (es decir, hasta después de las próximas elecciones) Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, un excandidato presidencial”
Asimismo el medio inglés resalta que el motivo por el cual se aprobó la prisión de Keiko Fujimori fue solamente cubrir una donación de $ 1.2 millones de Odebrecht.
El diario también resalta que Keiko Fujimori ha estado en investigación por mucho tiempo y hasta la fecha no se le ha probado culpabilidad “El Sr. Pérez ha estado investigando a la Sra. Fujimori durante tres años, pero aún no ha demostrado su caso. Ella ha pasado 16 meses en la cárcel sin juicio.”
Por su parte El economista Manuel romero caro fue quien resalto el articulo de este medio internacional desde su cuenta de Twitter
Cabe destacar que así como Romero Caro diferentes periodistas y políticos se han pronunciado contra la solicitud de José Domingo Pérez quien pretende atropellar el libre derecho democrático de un partido de participar de elecciones electorales
Economist.com/the-americas/2020/07/30/the-return-of-rigged-elections-in-latin-america
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Para recordarte que el HDP Pérez, tu querido Fiscal, gracias a su Pacto de Colaborador eficaz, ha permitido que el HDP Vizcarra le entregue a la corrupta Odebrecht y a la corrupta Graña y Montero, la obra de CHAVIMOCHIC por 3,149 millones de Soles; firmado el Viernes 7 de Agosto sin que la Prensa mermelera comente al respecto. Y claro, como el HDP Vizcarra es el que te paga, no lo puedes echar y te quedas callado en todos los Temas donde te lo estoy sacando en cara, VENDIDO.
Por eso lo queremos tanto, pero para quemarlo vivo. 
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Jajaja me acabas de confirmar que no sabes ingles.
Un conero misio como tu no tiene suscripcion a The economist. Alguien te pasó la noticia cortada pq solo con suscripcion se puede leer la nota completa.
Y luego no quieren que me burle de estos fujitapers cerebro de plastico jzjzjzjz
Pd: ya visitaste el tema del terrucaso de fujirata que le vendia armas a las farcs??? Tanto que te botabas de que eras milico en los 90s....milico de juguete seras vendiendole fusiles a los terrucasos colochos de las farcs...
Aquí la versión en vídeo comentando la misma noticia, por PBO.
¿Y cuándo vas a responder por lo del HDP Vizcarra y CHAVIMOCHIC?
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Aquí la versión en vídeo comentando la misma noticia, por PBO.
¿Y cuándo vas a responder por lo del HDP Vizcarra y CHAVIMOCHIC?
Pon el link escrito, quiero leerlo de ese diario no de esa basura de canal mermelero del cabro philips mermecutrers que tiene me os credibilidad que cualquier fujitaper de este forojzjzjzjz
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Publica la noticia, pon el link pq nisiquiera el titulo hace entrever que hanlen de algo domestico como las leyes peruanas ...y sobre eso discutimos, no sobre tus alucinaciones mentales...pq hasta ahora no veo nada de ño que cacareas en el titulo.
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hasta video te an puesto sobre el tema , pero tu amor por dominguito te ciega , lo tuyo es amor ciego , sordo , mudo , eres un autista por amor al fiscaloco
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Philip quaker?
Es como me cites al diario espeso ...digo...expreso...cero credibilidad, cero seriedad...
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y a quien quieres , a gorriti , rpp , el comercio de graña , ya pues , tu amor por dominguito te ciega
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Bah ....es romero caro diciendo estupideces.PARA CERRARTE EL HOCICO VENDIDO MERMELERO.
https://primicias.news/the-economist-delata-la-maniobra-sucia-del-fiscal-perez-contra-keiko/
martes, agosto 11, 2020
THE ECONOMIST DELATA LA MANIOBRA SUCIA DEL FISCAL PÉREZ CONTRA KEIKO
editor | agosto 9, 2020
El prestigioso diario británico advierte sobre las artimañas en contra de procesos electorales limpios en Sudamérica y resalto lo que pretende hacer el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.
Al parecer desde el primer mundo aun ven a nuestra región como países subdesarrollados donde no es difícil corromper en base a maniobras un proceso electoral y permitir la perpetuidad del poder de turno o eliminar enemigos políticos.
El diario prestigioso de Londres “the Economist” mediante un artículo “El regreso de las elecciones amañadas en América Latina” mencionó la realidad política de nuestra región y analizo la precariedad del estado de derecho de cada uno de nuestros países vecinos.
Mediante este artículo se menciona que en Venezuela por ejemplo el dictador Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder al haber hecho fraude en los últimos proceso electorales.
De Bolivia y de Ecuador lo mismo pretendieron hacer los antiguos presidente Evo Morales y Rafaél Correa fueron derrocados gracias a un levantamiento popular.
Asimismo el diario mencionó al Perú donde dice que es un país donde un fiscal ha enviado a prisión a la líder de la oposición por 16 meses sin tener acusación.
“José Domingo Pérez, un fiscal peruano, solicitó el mes pasado a un tribunal que prohíba durante dos años y medio (es decir, hasta después de las próximas elecciones) Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, un excandidato presidencial”
Asimismo el medio inglés resalta que el motivo por el cual se aprobó la prisión de Keiko Fujimori fue solamente cubrir una donación de $ 1.2 millones de Odebrecht.
El diario también resalta que Keiko Fujimori ha estado en investigación por mucho tiempo y hasta la fecha no se le ha probado culpabilidad “El Sr. Pérez ha estado investigando a la Sra. Fujimori durante tres años, pero aún no ha demostrado su caso. Ella ha pasado 16 meses en la cárcel sin juicio.”
Por su parte El economista Manuel romero caro fue quien resalto el articulo de este medio internacional desde su cuenta de Twitter
Cabe destacar que así como Romero Caro diferentes periodistas y políticos se han pronunciado contra la solicitud de José Domingo Pérez quien pretende atropellar el libre derecho democrático de un partido de participar de elecciones electorales
Economist.com/the-americas/2020/07/30/the-return-of-rigged-elections-in-latin-america
Y aunque sea cierto, que sabe ese diario sobre la realidad del sistema juridico en el Peru? No saben nada, no saben que dursnte esos 3 años keiko fue blindada por su bancada en el congreso, amenazado por gentusa como luz salgado.
The economist no sabe que keiko ha recibido dinero en efectivo y lo ha pitufeado con su gente del partido, como rolando reategui o como el rey de los casinos quienes ya han declarado que captaban falsos aportantes que luego declaraban en la onpe ...lo cual es delito, asi como es delito tributario y legal el pitufeo y el no declarar ingresos millonarios.
Me dan risa estos asnos....un periodico que nisiquiera tiene un periodista de su casa en el Perú sino dolo freelancers que le venden cualquier noticia.
Ningun analisis resiste esas babosadas, y lo curiodo es que no hay la noticia original dino un fujilacra como romero caro ladrando lo que se le venga en gana, como si keilo y el fujimorismo fueran unas santas palomas...eso ni uds fujitapers se lo creen...o no adoradores de narcos y terrucos cobardes...
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lloren zurdos hasta una revista importante como the economist sabe mas q un borrego adoctrinado q perez es un titere de viscarrata
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Inepto y traidor! la cárcel le espera
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La Borregada no quería creer la enorme corrupción y todo lo que estaba montando la mafia roji caviar en el aparato del estado
Con fiscales, jueces y medios corrompidos que le son sus peones para poder seguir en el poder
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Haber...me comí el video y butters solo repite lo que Caro publicó en su twitter. Por ningun lado se muestra el articulo original en ingles.
Otro bluff, mentiras, psicosocial del fujimorismo...es tan facil desenmascararlos...
Chambea mas la proxima vez...
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CALLA CABRO DE MIERDA, A TI TE ENCANTA LA PINGA Y LA LECHE, NO PIENSAS EN OTRA COSA, ASQUEROSO HOMOSEXUAL
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noticia completa de The economist
The return of rigged elections in Latin America
IN 1955 THE armed forces overthrew Juan Perón, Argentina’s populist president, driving him into exile. They banned him and his party from the election that eventually followed, a prohibition which remained in effect until 1973. A doddery Perón was then re-elected, but military rule soon returned. Apra, a Peruvian party with tendencies akin to Peronism, was similarly banned for decades. So, during the cold war, were many Communist parties. But with the spread of mass democracies across Latin America in the 1980s, such clear rigging of elections seemed a thing of the past. Any citizen could become president.
Now that fundamental democratic principle is under threat. Like several recent bad habits in the region, the revival of this one started in Venezuela. In 2008 Hugo Chávez’s regime barred Leopoldo López, an opposition leader, from public office for six years (Mr López was later arrested for organising protests in which 43 people died; he is now in the Spanish ambassador’s residence in Caracas). In 2017 the regime banned Henrique Capriles, who claimed to have won a presidential election against Chávez’s successor, Nicolás Maduro. As if this was not enough, in June Mr Maduro’s people used legal chicanery to take over the main opposition parties, installing regime stooges ahead of a legislative ballot later this year.
Despite its charade of holding elections, Venezuela is widely seen as a dictatorship. But the practice of narrowing the electoral field is spreading in democracies in the region. In Guatemala last year Thelma Aldana, a popular former attorney-general who had helped to jail a corrupt president, was kept off the presidential ballot by a charge of embezzlement her supporters say is bogus.
In other instances candidates have been barred after their conviction in controversial but better-founded cases. Luiz Inácio Lula da Silva, a left-wing former president of Brazil, was legally barred even when leading opinion polls in a presidential election in 2018, after his conviction for corruption was upheld by an appeal court. Rafael Correa, a populist former president of Ecuador now living in Belgium, received in absentia a jail sentence for corruption in April. Under the constitution he cannot run again. The electoral council went on to bar his party, claiming it submitted invalid signatures in its bid to register. The council also ruled that candidates have to register in person, meaning that if Mr Correa wanted to run for vice-president he would be arrested.
In Peru’s election in 2016 the electoral authority barred a well-placed candidate on a technicality. José Domingo Pérez, a Peruvian prosecutor, last month asked a court to ban for two and a half years (ie, until after the next election) Popular Force, the party of Keiko Fujimori, a former presidential candidate. He claims that it is a “criminal organisation” because it tried to cover up a $1.2m donation from Odebrecht, a Brazilian construction company, in 2011. Mr Pérez has been investigating Ms Fujimori for three years, but has yet to prove his case. She has spent 16 months in jail without trial.
Bolivia is the most worrying example of the new electoral prohibitionism. Last November Evo Morales, its president since 2006, was overthrown by a popular uprising amid claims of fraud in an election at which he sought an unconstitutional fourth term. An interim government led by a conservative senator, Jeanine Áñez, took office with the job of organising a fresh election. Twice postponed because of the pandemic, this is now due on October 18th. Ms Áñez exceeded her mandate as a caretaker by announcing that she would run. Polls suggest Mr Morales’s candidate, Luis Arce, might win. Ms Áñez’s supporters are seeking Mr Arce’s disqualification by the electoral tribunal, on a technicality. They also talk of postponing the poll indefinitely because of the pandemic.
Either would be a dangerous course. Disqualifying Mr Arce would deny legitimacy to the election’s winner and condemn Bolivia to years of conflict. Far better would be for Ms Áñez to back Carlos Mesa, a former president who was Mr Morales’s main rival last year. She should recall the analogy of Argentina in 1955. “Instead of destroying Peronism …persecution swiftly reinvigorated it,” concluded David Rock, a historian.
Mr Morales and Mr Correa were less than fully democratic in office, undermining the separation of powers and riding roughshod over opponents. Their critics fear that if allowed back, they would hold power for keeps. But democracy cannot be saved by curbing it.
This article appeared in the The Americas section of the print edition under the headline "The return of rigged elections"
IN 1955 THE armed forces overthrew Juan Perón, Argentina’s populist president, driving him into exile. They banned him and his party from the election that eventually followed, a prohibition which remained in effect until 1973. A doddery Perón was then re-elected, but military rule soon returned. Apra, a Peruvian party with tendencies akin to Peronism, was similarly banned for decades. So, during the cold war, were many Communist parties. But with the spread of mass democracies across Latin America in the 1980s, such clear rigging of elections seemed a thing of the past. Any citizen could become president.
Now that fundamental democratic principle is under threat. Like several recent bad habits in the region, the revival of this one started in Venezuela. In 2008 Hugo Chávez’s regime barred Leopoldo López, an opposition leader, from public office for six years (Mr López was later arrested for organising protests in which 43 people died; he is now in the Spanish ambassador’s residence in Caracas). In 2017 the regime banned Henrique Capriles, who claimed to have won a presidential election against Chávez’s successor, Nicolás Maduro. As if this was not enough, in June Mr Maduro’s people used legal chicanery to take over the main opposition parties, installing regime stooges ahead of a legislative ballot later this year.
Despite its charade of holding elections, Venezuela is widely seen as a dictatorship. But the practice of narrowing the electoral field is spreading in democracies in the region. In Guatemala last year Thelma Aldana, a popular former attorney-general who had helped to jail a corrupt president, was kept off the presidential ballot by a charge of embezzlement her supporters say is bogus.
In other instances candidates have been barred after their conviction in controversial but better-founded cases. Luiz Inácio Lula da Silva, a left-wing former president of Brazil, was legally barred even when leading opinion polls in a presidential election in 2018, after his conviction for corruption was upheld by an appeal court. Rafael Correa, a populist former president of Ecuador now living in Belgium, received in absentia a jail sentence for corruption in April. Under the constitution he cannot run again. The electoral council went on to bar his party, claiming it submitted invalid signatures in its bid to register. The council also ruled that candidates have to register in person, meaning that if Mr Correa wanted to run for vice-president he would be arrested.
In Peru’s election in 2016 the electoral authority barred a well-placed candidate on a technicality. José Domingo Pérez, a Peruvian prosecutor, last month asked a court to ban for two and a half years (ie, until after the next election) Popular Force, the party of Keiko Fujimori, a former presidential candidate. He claims that it is a “criminal organisation” because it tried to cover up a $1.2m donation from Odebrecht, a Brazilian construction company, in 2011. Mr Pérez has been investigating Ms Fujimori for three years, but has yet to prove his case. She has spent 16 months in jail without trial.
Bolivia is the most worrying example of the new electoral prohibitionism. Last November Evo Morales, its president since 2006, was overthrown by a popular uprising amid claims of fraud in an election at which he sought an unconstitutional fourth term. An interim government led by a conservative senator, Jeanine Áñez, took office with the job of organising a fresh election. Twice postponed because of the pandemic, this is now due on October 18th. Ms Áñez exceeded her mandate as a caretaker by announcing that she would run. Polls suggest Mr Morales’s candidate, Luis Arce, might win. Ms Áñez’s supporters are seeking Mr Arce’s disqualification by the electoral tribunal, on a technicality. They also talk of postponing the poll indefinitely because of the pandemic.
Either would be a dangerous course. Disqualifying Mr Arce would deny legitimacy to the election’s winner and condemn Bolivia to years of conflict. Far better would be for Ms Áñez to back Carlos Mesa, a former president who was Mr Morales’s main rival last year. She should recall the analogy of Argentina in 1955. “Instead of destroying Peronism …persecution swiftly reinvigorated it,” concluded David Rock, a historian.
Mr Morales and Mr Correa were less than fully democratic in office, undermining the separation of powers and riding roughshod over opponents. Their critics fear that if allowed back, they would hold power for keeps. But democracy cannot be saved by curbing it.
This article appeared in the The Americas section of the print edition under the headline "The return of rigged elections"
El regreso de las elecciones amañadas en América Latina
EN 1955, las fuerzas armadas derrocaron a Juan Perón, el presidente populista de Argentina, llevándolo al exilio. Lo excluyeron a él ya su partido de las elecciones que finalmente siguieron, una prohibición que permaneció en vigor hasta 1973. Luego, un Perón torpe fue reelegido, pero pronto regresó el gobierno militar. El Apra, un partido peruano con tendencias afines al peronismo, estuvo igualmente prohibido durante décadas. Así, durante la guerra fría, fueron muchos los partidos comunistas. Pero con la expansión de las democracias de masas en América Latina en la década de 1980, una manipulación tan clara de las elecciones parecía una cosa del pasado. Cualquier ciudadano puede convertirse en presidente.
Ahora ese principio democrático fundamental está amenazado. Como varios malos hábitos recientes en la región, el resurgimiento de este comenzó en Venezuela. En 2008, el régimen de Hugo Chávez excluyó a Leopoldo López, un líder de la oposición, de un cargo público durante seis años (más tarde, López fue arrestado por organizar protestas en las que murieron 43 personas; ahora se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas). En 2017, el régimen proscribió a Henrique Capriles, quien afirmó haber ganado una elección presidencial contra el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Como si esto no fuera suficiente, en junio el pueblo de Maduro utilizó artimañas legales para apoderarse de los principales partidos de oposición, instalando títeres del régimen antes de una votación legislativa a finales de este año.
A pesar de su farsa de celebrar elecciones, Venezuela es vista como una dictadura. Pero la práctica de reducir el campo electoral se está extendiendo en las democracias de la región. En Guatemala, el año pasado, Thelma Aldana, una popular ex fiscal general que ayudó a encarcelar a un presidente corrupto, fue excluida de la boleta electoral presidencial por un cargo de malversación de fondos que, según sus partidarios, es falso.
En otros casos, los candidatos han sido excluidos después de su condena en casos controvertidos pero mejor fundamentados. Luiz Inácio Lula da Silva, un expresidente de izquierda de Brasil, fue excluido legalmente incluso cuando lideró las encuestas de opinión en las elecciones presidenciales de 2018, luego de que su condena por corrupción fuera confirmada por un tribunal de apelaciones. Rafael Correa, un expresidente populista de Ecuador que ahora vive en Bélgica, recibió una sentencia de cárcel en ausencia por corrupción en abril. Según la constitución, no puede volver a postularse. El consejo electoral prosiguió con la prohibición de su partido, alegando que presentó firmas inválidas en su intento por registrarse. El consejo también dictaminó que los candidatos deben registrarse en persona, lo que significa que si Correa quería postularse para vicepresidente sería arrestado.
En la elección de Perú en 2016, la autoridad electoral prohibió a un candidato bien ubicado por un tecnicismo. José Domingo Pérez, un fiscal peruano, pidió el mes pasado a un tribunal que prohibiera durante dos años y medio (es decir, hasta después de las próximas elecciones) Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, una ex candidata presidencial. Afirma que es una "organización criminal" porque intentó encubrir una donación de 1,2 millones de dólares de Odebrecht, una empresa constructora brasileña, en 2011. Pérez ha estado investigando a Fujimori durante tres años, pero aún tiene que probar su caso. Ha pasado 16 meses en la cárcel sin juicio.
Bolivia es el ejemplo más preocupante del nuevo prohibicionismo electoral. En noviembre pasado, Evo Morales, su presidente desde 2006, fue derrocado por un levantamiento popular en medio de denuncias de fraude en unas elecciones en las que buscaba un cuarto mandato inconstitucional. Un gobierno interino encabezado por una senadora conservadora, Jeanine Áñez, asumió el cargo con la tarea de organizar una nueva elección. Dos veces pospuesto debido a la pandemia, esto ahora vence el 18 de octubre. Áñez excedió su mandato como cuidadora al anunciar que se postularía. Las encuestas sugieren que el candidato de Morales, Luis Arce, podría ganar. Los partidarios de Áñez buscan la descalificación de Arce por parte del tribunal electoral, por un tecnicismo. También hablan de posponer la encuesta indefinidamente debido a la pandemia.
Cualquiera de los dos sería un curso peligroso. Descalificar a Arce negaría legitimidad al ganador de las elecciones y condenaría a Bolivia a años de conflicto. Mucho mejor sería que Áñez respaldara a Carlos Mesa, un expresidente que fue el principal rival de Morales el año pasado. Debería recordar la analogía de Argentina en 1955. “En lugar de destruir el peronismo ... la persecución rápidamente lo revitalizó”, concluyó David Rock, un historiador.
Morales y Correa no fueron completamente democráticos en el cargo, socavando la separación de poderes y pisoteando a los oponentes. Sus críticos temen que si se les permite regresar, mantendrán el poder para siempre. Pero la democracia no puede salvarse frenándola.
Este artículo apareció en la sección de las Américas de la edición impresa con el título "El regreso de las elecciones amañadas".
EN 1955, las fuerzas armadas derrocaron a Juan Perón, el presidente populista de Argentina, llevándolo al exilio. Lo excluyeron a él ya su partido de las elecciones que finalmente siguieron, una prohibición que permaneció en vigor hasta 1973. Luego, un Perón torpe fue reelegido, pero pronto regresó el gobierno militar. El Apra, un partido peruano con tendencias afines al peronismo, estuvo igualmente prohibido durante décadas. Así, durante la guerra fría, fueron muchos los partidos comunistas. Pero con la expansión de las democracias de masas en América Latina en la década de 1980, una manipulación tan clara de las elecciones parecía una cosa del pasado. Cualquier ciudadano puede convertirse en presidente.
Ahora ese principio democrático fundamental está amenazado. Como varios malos hábitos recientes en la región, el resurgimiento de este comenzó en Venezuela. En 2008, el régimen de Hugo Chávez excluyó a Leopoldo López, un líder de la oposición, de un cargo público durante seis años (más tarde, López fue arrestado por organizar protestas en las que murieron 43 personas; ahora se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas). En 2017, el régimen proscribió a Henrique Capriles, quien afirmó haber ganado una elección presidencial contra el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Como si esto no fuera suficiente, en junio el pueblo de Maduro utilizó artimañas legales para apoderarse de los principales partidos de oposición, instalando títeres del régimen antes de una votación legislativa a finales de este año.
A pesar de su farsa de celebrar elecciones, Venezuela es vista como una dictadura. Pero la práctica de reducir el campo electoral se está extendiendo en las democracias de la región. En Guatemala, el año pasado, Thelma Aldana, una popular ex fiscal general que ayudó a encarcelar a un presidente corrupto, fue excluida de la boleta electoral presidencial por un cargo de malversación de fondos que, según sus partidarios, es falso.
En otros casos, los candidatos han sido excluidos después de su condena en casos controvertidos pero mejor fundamentados. Luiz Inácio Lula da Silva, un expresidente de izquierda de Brasil, fue excluido legalmente incluso cuando lideró las encuestas de opinión en las elecciones presidenciales de 2018, luego de que su condena por corrupción fuera confirmada por un tribunal de apelaciones. Rafael Correa, un expresidente populista de Ecuador que ahora vive en Bélgica, recibió una sentencia de cárcel en ausencia por corrupción en abril. Según la constitución, no puede volver a postularse. El consejo electoral prosiguió con la prohibición de su partido, alegando que presentó firmas inválidas en su intento por registrarse. El consejo también dictaminó que los candidatos deben registrarse en persona, lo que significa que si Correa quería postularse para vicepresidente sería arrestado.
En la elección de Perú en 2016, la autoridad electoral prohibió a un candidato bien ubicado por un tecnicismo. José Domingo Pérez, un fiscal peruano, pidió el mes pasado a un tribunal que prohibiera durante dos años y medio (es decir, hasta después de las próximas elecciones) Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, una ex candidata presidencial. Afirma que es una "organización criminal" porque intentó encubrir una donación de 1,2 millones de dólares de Odebrecht, una empresa constructora brasileña, en 2011. Pérez ha estado investigando a Fujimori durante tres años, pero aún tiene que probar su caso. Ha pasado 16 meses en la cárcel sin juicio.
Bolivia es el ejemplo más preocupante del nuevo prohibicionismo electoral. En noviembre pasado, Evo Morales, su presidente desde 2006, fue derrocado por un levantamiento popular en medio de denuncias de fraude en unas elecciones en las que buscaba un cuarto mandato inconstitucional. Un gobierno interino encabezado por una senadora conservadora, Jeanine Áñez, asumió el cargo con la tarea de organizar una nueva elección. Dos veces pospuesto debido a la pandemia, esto ahora vence el 18 de octubre. Áñez excedió su mandato como cuidadora al anunciar que se postularía. Las encuestas sugieren que el candidato de Morales, Luis Arce, podría ganar. Los partidarios de Áñez buscan la descalificación de Arce por parte del tribunal electoral, por un tecnicismo. También hablan de posponer la encuesta indefinidamente debido a la pandemia.
Cualquiera de los dos sería un curso peligroso. Descalificar a Arce negaría legitimidad al ganador de las elecciones y condenaría a Bolivia a años de conflicto. Mucho mejor sería que Áñez respaldara a Carlos Mesa, un expresidente que fue el principal rival de Morales el año pasado. Debería recordar la analogía de Argentina en 1955. “En lugar de destruir el peronismo ... la persecución rápidamente lo revitalizó”, concluyó David Rock, un historiador.
Morales y Correa no fueron completamente democráticos en el cargo, socavando la separación de poderes y pisoteando a los oponentes. Sus críticos temen que si se les permite regresar, mantendrán el poder para siempre. Pero la democracia no puede salvarse frenándola.
Este artículo apareció en la sección de las Américas de la edición impresa con el título "El regreso de las elecciones amañadas".