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Notificó a gobierno peruano sobre plazo de seis meses para negociar solución a controversia sobre exclusividad de servicios. De no lograrse un acuerdo, la compañía recurrirá a un arbitraje.
En la carta enviada al gobierno peruano, la compañía sostiene que la notificación de la controversia se realiza como consecuencia de un trato “manifiestamente injusto e inequitativo, entre otras violaciones del tratado, que viene cometiendo el Estado peruano en contra de la inversión”.
La compañía china Cosco Shipping Ports Chancay, operadora del futuro puerto de Chancay, notificó al gobierno peruano sobre el inicio de la fase de negociación directa entre las partes, por seis meses, para resolver la controversia por la exclusividad en el uso de los servicios del puerto.
Esta es una fase previa para llegar a un arbitraje, que se establece en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China. De no encontrar solución a la controversia, la compañía queda habilitada para recurrir al tribunal internacional.
“Se notifica la controversia con el ánimo de que, en el periodo de negociación de seis meses que se abre con la presente, las partes puedan en conjunto encontrar una vía de resolución amigable a la controversia que evite el inicio de un procedimiento arbitral internacional y, sobre todo, que evite la desaceleración de la inversión en el puerto de Chancay”, señala la carta de notificación de inicio de la fase de negociación directa entre las partes, enviada el pasado 16 de abril por Chen Lihui, gerente general de la compañía, al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.
En la carta, la compañía sostiene que la notificación de la controversia se realiza como consecuencia de un trato “manifiestamente injusto e inequitativo, entre otras violaciones del tratado, que viene cometiendo el Estado peruano en contra de la inversión”, subraya el documento al cual tuvo acceso Gestión.
Cosco Shipping Ports Chancay explica que las violaciones del TLC que perjudican la inversión y el clima necesario para su desarrollo se materializan, “de una parte, en la decisión de la APN (Autoridad Portuaria Nacional) de ir contra sus propios actos y, atentando contra lo que significan los atributos inmanentes de la propiedad (privada) que ostenta Cosco en el Puerto de Chancay, despojarle su carácter de exclusividad en su operación y; de otra, en la posición de Ositran, que amenaza con tratar a esa operación como si de un puerto público se tratase”, criticó la compañía.
Asimismo, agregó que la posición del Estado peruano supone, además, un trato inequitativo respecto de los otros inversionistas. “La Ley de Sistema Portuario Nacional establece, en su artículo 1114, que un privado que se compromete a invertir en un terminal portuario de titularidad pública tiene derecho a su operación exclusiva, con lo cual sólo puede ser una consecuencia necesaria del carácter privado del derecho propiedad que Cosco ostenta sobre el Puerto de Chancay el que lo opere en forma exclusiva, sobre todo si es que está operando y explotando infraestructura privada, de dominio privado construida bajo su cuenta, costo y riesgo”, subrayó.
Antecedentes sobre la controversia
El puerto de Chancay saltó a la palestra en las últimas semanas, no solo porque cada vez está más cerca su inauguración (noviembre 2024), sino porque la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), demandó la anulación de la exclusividad de los servicios esenciales otorgada en el 2021 a Cosco Shipping Ports. El detalle en este caso es que fue la misma APN la entidad que dio luz verde a dicha exclusividad y tres años después pidió se retroceda, argumentando que no tenía la facultad para tomar una decisión como esta.
El punto central en este tema es que para la APN la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) no dice explícitamente que se pueda otorgar exclusividad en los servicios a una inversión privada en puertos. Esta situación sorprendió a Cosco Shipping Ports, que en diferentes comunicados subrayaron que cumplieron con todo lo que se les solicitó. Este punto es clave, pues hay que recordar que el puerto de Chancay no es una concesión, sino una inversión.
En este contexto, se presentó ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República dos proyectos de ley para cambiar esta situación, los que básicamente fueron respaldados por el ministro del MTC, Raúl Pérez Reyes. A mediados de abril, el dictamen recibió la aprobación en el Pleno del Parlamento. Aún está pendiente una segunda votación en el pleno, para concluir el proceso en esta instancia, tras lo cual la iniciativa legislativa pasaría al Ejecutivo para su promulgación.
El cambio más importante recae en el artículo 9. Así, en la iniciativa del Congreso se plantea que: “El titular de un puerto privado de uso público que cuente con habilitación portuaria puede brindar servicios portuarios de manera exclusiva. Una vez otorgada la habilitación portuaria, la Autoridad Portuaria competente otorga la exclusividad en la prestación de servicios portuarios esenciales que haya solicitado el titular del puerto privado junto con la licencia portuaria. Dicha exclusividad es de aprobación automática”.
¿Esto implica que Cosco Shipping Ports se queda con la exclusividad recibida en el 2021? El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, comentó a inicios de este mes, en la Comisión de Transportes del Congreso, que los cambios a la LSPN serían la salida para que Cosco Shipping Ports no pierda su exclusividad. Sin embargo, hay que recordar que la APN había mencionado antes que, de aprobarse esto, Cosco tendría que volver a pedir la exclusividad para el puerto de Chancay.
gestion.pe
En la carta enviada al gobierno peruano, la compañía sostiene que la notificación de la controversia se realiza como consecuencia de un trato “manifiestamente injusto e inequitativo, entre otras violaciones del tratado, que viene cometiendo el Estado peruano en contra de la inversión”.
La compañía china Cosco Shipping Ports Chancay, operadora del futuro puerto de Chancay, notificó al gobierno peruano sobre el inicio de la fase de negociación directa entre las partes, por seis meses, para resolver la controversia por la exclusividad en el uso de los servicios del puerto.
Esta es una fase previa para llegar a un arbitraje, que se establece en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China. De no encontrar solución a la controversia, la compañía queda habilitada para recurrir al tribunal internacional.
“Se notifica la controversia con el ánimo de que, en el periodo de negociación de seis meses que se abre con la presente, las partes puedan en conjunto encontrar una vía de resolución amigable a la controversia que evite el inicio de un procedimiento arbitral internacional y, sobre todo, que evite la desaceleración de la inversión en el puerto de Chancay”, señala la carta de notificación de inicio de la fase de negociación directa entre las partes, enviada el pasado 16 de abril por Chen Lihui, gerente general de la compañía, al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.
En la carta, la compañía sostiene que la notificación de la controversia se realiza como consecuencia de un trato “manifiestamente injusto e inequitativo, entre otras violaciones del tratado, que viene cometiendo el Estado peruano en contra de la inversión”, subraya el documento al cual tuvo acceso Gestión.
Cosco Shipping Ports Chancay explica que las violaciones del TLC que perjudican la inversión y el clima necesario para su desarrollo se materializan, “de una parte, en la decisión de la APN (Autoridad Portuaria Nacional) de ir contra sus propios actos y, atentando contra lo que significan los atributos inmanentes de la propiedad (privada) que ostenta Cosco en el Puerto de Chancay, despojarle su carácter de exclusividad en su operación y; de otra, en la posición de Ositran, que amenaza con tratar a esa operación como si de un puerto público se tratase”, criticó la compañía.
Asimismo, agregó que la posición del Estado peruano supone, además, un trato inequitativo respecto de los otros inversionistas. “La Ley de Sistema Portuario Nacional establece, en su artículo 1114, que un privado que se compromete a invertir en un terminal portuario de titularidad pública tiene derecho a su operación exclusiva, con lo cual sólo puede ser una consecuencia necesaria del carácter privado del derecho propiedad que Cosco ostenta sobre el Puerto de Chancay el que lo opere en forma exclusiva, sobre todo si es que está operando y explotando infraestructura privada, de dominio privado construida bajo su cuenta, costo y riesgo”, subrayó.
Antecedentes sobre la controversia
El puerto de Chancay saltó a la palestra en las últimas semanas, no solo porque cada vez está más cerca su inauguración (noviembre 2024), sino porque la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), demandó la anulación de la exclusividad de los servicios esenciales otorgada en el 2021 a Cosco Shipping Ports. El detalle en este caso es que fue la misma APN la entidad que dio luz verde a dicha exclusividad y tres años después pidió se retroceda, argumentando que no tenía la facultad para tomar una decisión como esta.
El punto central en este tema es que para la APN la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) no dice explícitamente que se pueda otorgar exclusividad en los servicios a una inversión privada en puertos. Esta situación sorprendió a Cosco Shipping Ports, que en diferentes comunicados subrayaron que cumplieron con todo lo que se les solicitó. Este punto es clave, pues hay que recordar que el puerto de Chancay no es una concesión, sino una inversión.
En este contexto, se presentó ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República dos proyectos de ley para cambiar esta situación, los que básicamente fueron respaldados por el ministro del MTC, Raúl Pérez Reyes. A mediados de abril, el dictamen recibió la aprobación en el Pleno del Parlamento. Aún está pendiente una segunda votación en el pleno, para concluir el proceso en esta instancia, tras lo cual la iniciativa legislativa pasaría al Ejecutivo para su promulgación.
El cambio más importante recae en el artículo 9. Así, en la iniciativa del Congreso se plantea que: “El titular de un puerto privado de uso público que cuente con habilitación portuaria puede brindar servicios portuarios de manera exclusiva. Una vez otorgada la habilitación portuaria, la Autoridad Portuaria competente otorga la exclusividad en la prestación de servicios portuarios esenciales que haya solicitado el titular del puerto privado junto con la licencia portuaria. Dicha exclusividad es de aprobación automática”.
¿Esto implica que Cosco Shipping Ports se queda con la exclusividad recibida en el 2021? El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, comentó a inicios de este mes, en la Comisión de Transportes del Congreso, que los cambios a la LSPN serían la salida para que Cosco Shipping Ports no pierda su exclusividad. Sin embargo, hay que recordar que la APN había mencionado antes que, de aprobarse esto, Cosco tendría que volver a pedir la exclusividad para el puerto de Chancay.
Puerto de Chancay: china Cosco da primer paso para llevar a Perú a un arbitraje
Notificó a gobierno peruano sobre plazo de seis meses para negociar solución a controversia sobre exclusividad de servicios. De no lograrse un acuerdo, la compañía recurrirá a un arbitraje.
gestion.pe
